Lucha contra la ciberrepresión comienza por frenar su negocio

La omisión del Gobierno de Venezuela a delitos como el hackeo de cuentas de mail o redes sociales, así como la apología a ellos, lo hace proclive de ser sancionado internacionalmente, advierten especialistas.

El uso de tecnologías avanzadas para la vigilancia de disidentes y para violar los derechos humanos está facilitando la tarea de gobiernos represivos para mantener el control sobre sus pobladores, pero una nueva guerra contra estas estrategias ha sido declarada.

La ciberrepresión es un negocio rentable.

«Las ganancias por vigilancia mundial están valuadas en casi 5.000 millones de dólares», asegura a El Universal Eric King, jefe de investigación de Privacy International (PI), ONG británica creada para vigilar las invasiones de la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones.

El hecho de que regímenes autoritarios como el sirio o el iraní estén utilizando tecnologías de vigilancia, rastreo, interceptaciones telefónicas o hackeo de correos o blogs para reprimir a opositores, llevó a que Estados Unidos aplicara sanciones la semana pasada a esos gobiernos por el uso de estas tecnologías.

La medida, que ya se aplica en la Unión Europea, envía un mensaje global a los gobiernos que están optando por estas modalidades para amedrentar a sus adversarios. Las sanciones incluyen desde congelar bienes a empresas o restringir visas a funcionarios, hasta vetar ventas de tecnología de doble uso.

51 de 167 naciones se considera que están sometidas por regímenes autoritarios, según la Unidad de Inteligencia del semanario The Economist, lo que convierte a sus gobiernos en los grandes socios de las tecnologías represivas.

Una guerra contra la ciberrepresión -como la que se avecina- comienza por frenar la venta de estas tecnologías de doble uso, desarrolladas principalmente en EEUU y Europa.

Muchas de esas empresas consiguen comerciar sus productos sin restricciones, ya que no existe un marco legal fuerte en sus gobiernos para evitar dichas exportaciones.

Las mismas tecnologías de GPS, smartphones e Internet que se utilizaron en 2011 para animar las revueltas populares en Medio Oriente y el Norte de África fueron también usadas para hostigar y reprimir.

Más de 200 blogueros e internautas fueron detenidos en todo el mundo en 2011, tal como advirtió Reporteros sin Fronteras, la mayoría en Asia.

WikiLeaks reveló que dispositivos de empresas británicas, francesas, surafricanas y chinas fueron utilizados por los gobiernos de Libia y Egipto para vigilar a opositores en 2011.

Ahora el régimen de Siria, en medio de las revueltas contra el Gobierno, ha sido acusado de usar tecnología satelital para ubicar a los disidentes y en muchos casos asesinarlos.

Privacy International encontró hasta marzo de 2012 a al menos 140 empresas que se sabe están vendiendo la tecnología de vigilancia a regímenes represivos: desde GPS hasta para bloquear teléfonos, Facebook, Twitter, Youtube o blogs.

21 de esas empresas eran británicas, seguidas de firmas de China, Rusia, Canadá, India e Israel. EEUU encabeza la lista con 48 corporaciones. Alemania ocupa el tercer lugar con 12.

«Cualquier acción emprendida por estos gobiernos para controlar las exportaciones de tecnología de vigilancia tendrá un impacto significativo, allí está la estrategia», acotaba King.

«Fascismo electrónico en Venezuela»

En 2011 se denunciaron públicamente en Venezuela el espionaje telefónico y el hackeo de más de medio centenar de cuentas de Twitter o mails de figuras vinculadas a la oposición, sin que el Gobierno tomara medidas para frenarlo, lo que lo hace vulnerable a ser sancionado a futuro por ese tipo de delitos.

«En Venezuela es perfectamente viable la ciberrepresión, de hecho no la hemos visto de manera oficial, pero existe un antecedente legal que es la reforma de la Ley Resorte», sostiene Raymond Orta, abogado especialista en Derecho Procesal y delitos informáticos.

Para este especialista, al haberse incluido los medios de comunicación electrónicos en la reforma de la ley no se buscaba otra cosa que poder ejercer la ciberrepresión legalmente.

Orta define esto como «fascismo electrónico»: «Cuando tienes medios oficiales que difunden interceptaciones sin que hagas nada, como Estado haces apología al delito, y el mensaje es ‘esto no es delito, sigan'».

Fuente:
http://www.eluniversal.com/internacional/120430/lucha-contra-la-ciberrepresion-comienza-por-frenar-su-negocio


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