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Un nuevo informe de la ONU dice que, en el siglo XXI, ello ha de incluir la libertad en internet, que, según dice, es algo que cada vez más países no respetan.
El informe señala también el aumento de distintos tipos de ataques cibernéticos contra los disidentes y activistas, al parecer por parte de gobiernos, para impedirles el uso de internet, y actividades dirigidas a despojar el anonimato de las personas que utilizan internet para propósitos políticos.
Las «características singulares de internet, que permiten a la gente difundir información al instante, organizarse e informar al resto del mundo acerca de casos de injusticia y desigualdad, también han sembrado el temor entre los gobiernos y los poderosos», según dice el informe.
Los gobiernos han reaccionado imponiendo diversos controles que violan la libertad de expresión, según sostiene el informe, lo que incluye filtros de cantidades extensas de contenido, el bloqueo de acceso a muchos sitios y el bloqueo generalizado de internet «para evitar que los usuarios accedan o difundan información en momentos políticos claves, como por ejemplo durante las elecciones, en tiempos de agitación social o en los aniversarios de importantes acontecimientos históricos o políticos».Washington – Cuando la recién creada Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, incluyó en ella la libertad «de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, por cualquier medio de expresión».
El informe fue elaborado por Frank La Rue, que es Relator Especial (o investigador) para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dado que 2.000 millones de personas utilizan internet, según escribe LaRue, el medio se ha convertido en «uno de los instrumentos más poderosos del siglo XXI para aumentar la transparencia en la conducta de los poderosos, el acceso a la información y para facilitar la participación activa de los ciudadanos en la consolidación de las sociedades democráticas».
Sin embargo, en lugar de hacer todo lo posible para fomentar el acceso a internet para sus ciudadanos, LaRue informó que muchos gobiernos están haciendo cada vez más esfuerzos para bloquear el contenido de internet, vigilar a los usuarios y castigarlos por lo que dicen. Dijo que los gobiernos se exceden en las normas aceptadas internacionalmente para restringir la libertad en internet, como por ejemplo para proteger la seguridad nacional frente a las amenazas inminentes o para proteger a las personas, como en casos de pornografía infantil; y que imponen restricciones que no se conforman al estado de derecho.
Las personas que ejercen su derecho a la expresión sufren porque «la expresión legítima en internet se está tipificando como delito», declaró La Rue. Señaló, además, que en el año 2010 la organización Reporteros sin Fronteras informó de 109 personas en todo el mundo que fueron encarceladas por lo que habían publicado en sus blog.
Entre sus recomendaciones, La Rue instó a los países que bloquean sitios web a que «proporcionen detalles completos sobre la necesidad y justificación de bloquear cada sitio web individual». También dijo que los proveedores de Internet no deben ser considerados responsables de lo que publican sus usuarios, porque ese enfoque obliga a las empresas de internet a convertirse en censores.
Sanja Kelly, principal investigadora y editora de la organización de defensa de derechos Freedom House, dijo que las investigaciones que ha realizado su organización respaldan las conclusiones de La Rue.
Por Jeff Baron
Redactor